EpC: ¿PERVERSIDAD O CRETINISMO?

Que el Partido Popular sea tan radicalmente beligerante contra la asignatura Eucación para la Ciudadanía por planteamientos ideológicos es sólo una verdad a medias; más bien puede pensarse que su estrategia responde prioritariamente a elementales razones electorales.

Aunque ahonda sus raíces ideológicas en principios que sostiene la democracia cristiana, y aunque en sus filas haya dirigentes de origen y praxis del nacional-catolicismo, presume su ideario político de estar sustentado en una ética laica, que entronca con las viejas ideas ilustradas (ése era su canto al centrismo). Ideas, principios y valores en los que se fundamentan los objetivos y contenidos curriculares de esta asignatura. Nadie en el PP se ha postulado contrario a los preceptos constitucionales y a los derechos humanos.

Por el contrario, la Iglesia Católica, que siempre ha pretendido universalizar su particular moral religiosa, creyéndose que todo el monte es orégano, que necesita del Estado para que le suministre y disponga los bancos de peces en los que cargar sus redes de adeptos, su enfrentamiento contra la asignatura sí es, precisamente, de tipo ideológico. No puede admitir que el sistema educativo incluya una asignatura que choca frontalmente con su ideario ético, el cual es sistemáticamente inculcado en sus centros apoyándose en el cínico argumento de la libertad de enseñanza. Su objetivo, en esta confrontación, es que su estatus de privilegio no quede mermado, más ahora que ve cómo en nuestra sociedad proliferan multitud de grupos religiosos protestantes, ortodoxos y musulmanes.

Pero el PP, en esta frenética actividad de pesca, sabe que su vivero de votos se concentra alrededor de los centros educativos religiosos. Y por ello no duda en alinearse con la Iglesia Católica para, en comunidad de intereses, sacar provecho partidista.

Aquí radica la maldad del planteamiento, al utilizar la educación de nuestros jóvenes como arma electoral. Y con retorcimiento, pues para ello se atreve a sostener que esta asignatura la ha implantado el gobierno para formar futuros socialistas (¡Qué fácil le sería a un partido político ganar elecciones!).

En nuestra Comunidad esta maldad se reviste de algo peor, que raya en el cretinismo político, cuando se intenta maquillar con la cuestión del inglés y del trilingüismo. No sé si fue mister Frank Countries, our President (así se le va conociendo en los círculos docentes) o mister Fountain of Blackberry, como jocosamente y sin ninguna vergüenza se autodenomina el susodicho, el ocurrente de semejante desatino, pero los dos, desde ese primer alumbramiento del esperpento, están rivalizando día a día para ver quién llega más alto en su particular ranking de necedades, con sus manifestaciones, sus amenazas y sus resoluciones.

Al final, no sabremos si todo esto es producto de la perversidad o del cretinismo; pero yo, puestos a elegir, prefiero ser gobernado por un malvado inteligente que por un buenazo simplón. Claro que la combinación de los dos es peligrosísima.

NI CON RASQUETA

Una de las imágenes que ilustran mi memoria infantil muestra ambos lados de las principales calles de mi pueblo llenas de goterones de cera, los cuales, tras las grandes procesiones, persistían algunas semanas, hasta que poco a poco iban desapareciendo. Nadie se atrevía a limpiarlos; sólo el tránsito de la gente iba llevándose el recuerdo del fervor religioso.

Ahora, bastantes años después, esa imagen es continuamente remedada cuando transito las calles de nuestra ciudad, sobre todo las más céntricas. Dado lo poco estimulante que es alzar la vista hacia las alturas de las viviendas, que muestran la clásica anarquía arquitectónica de Castellón, la vista al pavimento nos descubre un aspecto poco usual de la ciudad: las innumerables manchas y costras de chicles pisadas una y mil veces por ciudadanos anónimos, manchas que, como dice mi madre “no se van ni con rasqueta”.

Podríamos pensar que ese antihigiénico acto de tirar el chicle mascado al suelo es solamente propio de los jóvenes, que es en los alrededores de los institutos donde se concentran las pruebas indelebles de esta muestra de incivilidad. Pero no: podemos encontrarlos a lo largo y ancho de las aceras y plazas e, incluso, podemos aportar algunos datos de muestras contabilizadas que podrían aventurar algún estudio sociológico de más envergadura. Podríamos, si cabe, realizar estudios comparativos con otras ciudades “limpias”. Y todo ello un año después de que el Ayuntamiento se gastara 62000 euros en una campaña especial de limpieza que llegó a recoger, dicen, 11 kilos de chicles pegados. De nada sirven las más de 1000 papeleras del Plan de Renovación si la gente no las utiliza. También es posible que tal limpieza no fuera lo útil que pregona la publicidad institucional, pues es en los alrededores del Ayuntamiento donde más persisten. Las cifras cantan:

Calle Enmedio (junto a la Puerta del Sol): 13 manchones / m²
Calle Mayor (junto a la Plaza Santa Clara): 24 / m²
Pasaje de Colón a la Plaza Mayor (junto al Ayuntamiento): 26 / m²
Calle José García: 34 / m²
Plaza Pescaderia: 42 / m²
Calle Poeta Guimerá (esquina calle Alloza): 18 / m²
Avenida del Rey (frente a Correos): 17 / m²

Esta sucia situación sólo se remedia si evitamos la acción trasgresora, y para eso, parece ser, se ha implantado la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana. Sin embargo, los redactores del prolijo listado de acciones indeseables no han incluido una referencia expresa de este insano hábito. Sólo una amplia interpretación del artículo 10, que prohibe el ejercico público de las necesidades fisiológicas, entre ellas la de escupir, puede dar cabida al acto de tirar un chicle, pues habitualmente está embadurnado en saliva. Y si es así, la catalogación del acto punible puede ser falta grave (artículo 33), si se realiza en espacios de mayor concurrencia de personas o menores, lo que estaría penado con una sanción de 751 euros. Claro que siempre puede echarse mano del 36 (reparación de daños), que permite exigir al infractor/a la reposición de la situación alterada, esto es, darle una rasqueta y mandarle a limpiar aceras.

¿Es esto una broma? ¿O acaso se puede pensar que van a imponer multas si ven a alguien tirar un chicle al suelo?

Únicamente dos acciones pueden ser realmente eficaces: limpiar de una vez por todas las zonas más transitadas de la ciudad y realizar contínuas campañas educativas y de concienciación cívica sobre el tema.

UNA NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA POLÍTICA

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado recientemente una nueva ordenanza de convivencia ciudadana, cuyo propósito es “preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo donde todas las personas puedan desarrollarse en libertad con respeto a la dignidad y a los derechos de todos y todas” (textual de la introducción). Loable intención, la cual se puede y debe suscribir desde cualquier posicionamiento ideológico.

No ocurre lo mismo cuando se describe el modelo que se pretende imponer para su consecución, casi exclusivamente punitivo, sin apenas espacio para la pedagogía, para la educación cívica. Las llamadas 'políticas de fomento de la convivencia' se reducen a un lamentable manojo de frases vacuas. Contrasta con la prolija descripción de las conductas sancionables, las prohibiciones, agrupadas en 21 artículos, así como el régimen sancionador, y esto sí que es propio de una posición política de derechas: el palo y tente tieso como única vía de ordenar la vida ciudadana.

Cierto es que los ciudadanos deben conocer cuáles son los límites de sus derechos y dónde comienzan los del vecino, como cierto es que a la ciudadanía de Castellón le queda un largo camino que recorrer para mejorar sus hábitos convivenciales. Pero también es cierto que los hábitos – no digamos las actitudes – no sólo se adquieren con multas (menos aún cuando su aplicación se antoja arbitraria, y de esto también los ciudadanos de Castellón sabemos mucho), sino que es necesario una prolongada acción educativa, de los padres a los hijos, de los representantes políticos a sus representados, para transmitirles modelos de comportamiento ejemplar.

Puestos a aplicar una nueva ordenanza de convivencia, ahí va la que deberían aplicarse todos nuestros representantes políticos, antes de atreverse a imponer su rasero a los demás: está recogida en un decálogo que quiso ver la luz durante las pasadas elecciones y quedó en la penumbra.

Primero. Queremos políticos de reconocida vocación y dedicación a lo público. Queremos políticos que hagan políticas reales sobre las necesidades de la sociedad y no ciencia ficción y fuegos de artificio en que se quema el presupuesto.

Segundo. Exigimos que nuestros gobernantes sean honestos y lo parezcan; que de su gobernación no salgan enriquecidos, ni ellos ni sus familias ni sus amigos. El decoro y el recato ha de regir sus vidas. Las muestras de lujo y de boato nos molestan por ridículas y por sospechosas. Por ello:

1)Harán pública su Declaración de Bienes ellos y los miembros de su familia nuclear al principio y al fin de su actividad pública.

2)Cuando termine su mandato cesarán en todos los puestos de responsabilidad a los que hayan accedido por razón de su cargo.

3)Durante dos años no podrán regresar o iniciar actividad relacionada con las competencias ejercidas durante su mandato.

4)En el caso de ser inculpados por un Juez cesarán inmediatamente en su cargo para desde su esfera privada defender su presunta inocencia.

5)Exigimos a los Partidos Políticos que se abstengan de incluir en sus listas electorales a personas inculpadas por la Justicia. Es un respeto que se nos debe a los ciudadanos.

Tercero. Es imprescindible que los administradores públicos respeten escrupulosamente el principio de legalidad, fuera del cual sólo crecen las malas hierbas de la recomendación, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo político y, en definitiva, el delito, esquilmadores del campo de la democracia.

Cuarto. Queremos hombres y mujeres veraces. La mentira sistemática como arma en la contienda partidaria ha arruinado la política. La mentira en interés del partido, la incoherencia, la fullería, las patrañas, las tergiversaciones, las calumnias, las injurias… la mentira repetida hasta hacerse “verdad” han convertido la política en algo innoble y despreciable.

Quinto. Nuestros representantes han de ser transparentes. La visibilidad ha de presidir lo que planean, lo que deciden y lo que consiguen.

Sexto. La participación en la res pública nos hace ciudadanas y ciudadanos. Los órganos de participación en nuestra ciudad yacen maniatados por ligazones espurias que atan a muchos de sus representantes. La nueva política se ha de imponer como primera tarea el deshacer los vínculos venales urdidos por el caciquismo.

Séptimo. Una ciudad sólo es habitable si se rige por la justicia, la libertad, la igualdad, la honestidad y la solidaridad. Éstos son los valores morales de los políticos que queremos.

Octavo. Deseamos una ciudad justa. Y una ciudad justa sólo puede ser liderada por mujeres y hombres justos, que son aquellos que están dispuestos a dar a cada uno lo que le corresponde, a tratar desigualmente a quienes son desiguales. Sin el principio de diferenciación no hay verdadera justicia: los jóvenes, las mujeres, la gente mayor, los inmigrantes… requieren especial atención.

Noveno. Pretendemos para el gobierno de nuestra ciudad hombres y mujeres con una conciencia moral madura, que no sólo sean justos, sino también compasivos y responsables de sus acciones.

Décimo. A los que ostentan la representación de sus convecinos les es exigible modestia y comedimiento. No han de subirse a engañosos pedestales de lujo ni a tarimas de vanidad. Vivan mejor a ras de suelo para no perder una idea aproximada de su estatura.

Mírense Alcalde y concejales del PP de Castellón y mírese especialmente el Presidente de la Diputación, señor Carlos Fabra, en el espejo de este decálogo y, si aguantan la imagen que les devuelve, adelante con la ordenanza de marras.

SON 6 MILLONES

Si fueran catalanes, estaríamos refiriéndonos a Cataluña, con aquel famoso eslogan, aunque ahora son más de siete. Pero como son 6 millones de euros, tengo que pasarlo a nuestras pesetas de siempre para hacerme una idea de lo que estamos hablando: nada menos que de mil millones de pesetas, que aún podrían ser más si no hubiera tenido la fortuna de tocarle milagrosamente la lotería.

Mil millones de pesetas cuyo origen buscan con afán los agentes de la Agencia Tributaria. Mil millones repartidos por una red de cuentas bancarias y que acumuló la familia del señor Presidente de la Diputación en cinco años sin justificar al fisco, y que hay que sumar a los otros que declaró y por los que le devolvieron cerca de dos y medio. Hay que suponer que el señor Fabra sí conoce su origen, al igual que aquéllos que contribuyeron a ese enriquecimiento. Y que tendrá irremediablemente que demostrar si quiere seguir siendo inocente.

Mil millones (de pesetas) son 25 o 30 pisos de primera en Castellón, aunque sólo unos pocos si se encuentran en la Castellana de Madrid. Son, aproximadamente, lo que puede ingresar como Presidente de la Diputación de Castellón durante 64 años seguidos, o lo que puede llegar a costarnos los 32 asesores y demás cargos que tiene en la Diputación durante esta legislatura. Sin embargo, mil millones (de pesetas) es el sueldo anual de unos 400 mileuristas.

Si nos referimos a dinero para inversiones, es el presupuesto de construcción de dos Institutos de Educación Secundaria, aunque al final, dada la inmejorable gestión de la empresa pública CIEGSA, los costos se disparan y sólo da para uno; o lo que cuesta la construcción de tres Centros de Salud. Y es, lamentablemente, la cantidad que el Ayuntamiento de Castellón va a dejar de recaudar según sus previsiones, pues la crisis afecta a la economía del ladrillo tan extendida por nuestra ciudad y repercute en las arcas municipales.

PARTICIPAR EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Dentro de pocos días los sufridos y dóciles representantes de las asociaciones vecinales van a participar en las Juntas de Distrito para debatir y seleccionar las propuestas que se incluirán en los Presupuestos Participativos del año que viene.
La fórmula participativa es clara: seis propuestas por distrito, por seis distritos, treinta y seis propuestas. Y aquí todo vale, desde parchear una calle a arreglar un semáforo o poner contenedores. El caso es participar.
Sin embargo, es una participación de pacotilla, que ha sido criticada desde el primer momento por una gran parte del movimiento vecinal, sobre todo porque la información sobre el proceso de selección de propuestas y de su ejecución no es participada, y se constriñe a una comisión especial cuya labor no trasciende.
Hace días que el plazo de presentación de propuestas finalizó, sin que nadie haya remitido a las asociaciones participantes la más mínima información sobre la situación de las propuestas que le afectan. El próximo día 29, cuando se reúnan en los distritos los participantes, comenzarán las preguntas de siempre: ¿Qué ha pasado con las propuestas del año pasado y del anterior y del anterior? ¿Se incluirán este año las que no se han realizado o ésas ya no valen?
No hay una sola noticia en la sección de Presupuestas Participativos de esta web municipal que reseñe la ejecución de alguna de las 32 propuestas incluidas el año pasado. Solamente se puede cotejar la afirmación categórica del señor Macián, que asegura que se ha ejecutado el 60% de ellas, correspondiendo el resto a las que tienen que ver con otras administraciones. Pero no apunta ninguna de las 32, que, salvo excepciones, no incluyen grandes proyectos de inversión, sino pequeñas mejoras de asfaltado o de iluminación de calles. ¿Es de creer que si se hubiera comenzado alguna – ya no digo concluido – no habría sido convenientemente publicitada?
Si nos atenemos al volumen económico que anuncia el consistorio estaríamos hablando de 2,5 millones de euros, cantidad nada despreciable, aunque represente solamente el 1,4% del total presupuestario. ¡Quién tuviera 2,5 millones, con la que está cayendo en la maltrecha economía municipal!.
No obstante, y a pesar de la crisis que como el mal de Almansa a todos alcanza, terminaremos el año con una nueva edición de participación presupuestaria, y los participadores vecinos habrán participado un año más que este proceso participativo de tres al cuarto.

LA ESCUELA, PUNTO DE ENCUENTRO

“La participación en el seno de los centros escolares y en el seno del sistema educativo no solamente es un factor de democratización; garantiza una mayor receptividad de las necesidades educativas, asegura una mayor calidad de las actividades escolares”. Son palabras de José Mª Maravall, entonces ministro de educación con el primer gobierno socialista, defendiendo en el Congreso, hace ya casi 25 años, el proyecto de la LODE, la ley que puso en marcha el primer sistema educativo constitucional y dio paso a los Consejos Escolares, órganos de participación democrática de la educación.

Fue la gran apuesta del socialismo español, y entroncaba con el modelo de escuela pública comunitaria que siempre hemos defendido: “La escuela pública – decía Gómez Llorente – resume el ideal de la escuela para todos; es el medio más efectivo de alcanzar la igualdad de oportunidades entre las diversas capas sociales y fomentar la convivencia de la participación comunitaria”. Un proyecto zancadilleado desde el primer momento por la derecha, que tuvo que superar un recurso previo de constitucionalidad promovido por Ruiz Gallardón (padre) y otros diputados del Grupo Popular.

Mucho ha llovido desde entonces. La sociedad española de aquellos años ochenta, expectante ante los cambios políticos sucedidos, vivía intensamente las oportunidades de participación que se ofrecían, en la educación, en el movimiento vecinal, en la cultura, en los sindicatos… Los gobiernos autonómicos, por otra parte, comenzaban su andadura.

La red de Consejos Escolares se hizo realidad, y desde entonces, sin variar apenas sus fines y competencias, se han venido renovando con la regularidad ordenada. Son, a pesar del bajo tono participativo que poco a poco se ha venido produciendo, el punto de encuentro de padres, profesores y alumnos para decidir las importantes cuestiones de los centros y son elemento de control social del servicio educativo que ofrecen. Se han configurado, cuando la ocasión lo ha requerido, en elemento aglutinador de voces reivindicativas contra las políticas educativas perversas e injustas. Son, sin duda, por su configuración y facultades, a pesar de sus deficiencias, uno de los órganos de mayor calado democrático de la sociedad actual.

En esta semana ha tenido lugar la renovación parcial de los consejos escolares. Una vez más hemos de lamentar la nula implicación de la administración educativa para estimular la participación. Ni un solo anuncio en la televisión pública, ni un solo folleto, ni una sola comparecencia de algún responsable. Las AMPAS y los equipos directivos de los centros han tenido que poner todo de su parte, y a ellos tenemos que estarles agradecidos.

Los Consejos Escolares no son santo de devoción del Partido Popular, entre otras cosas porque no puede manejarlos a su gusto, porque no puede implicarlos en sus tácticas clientelares; es más, sabe que son escollos que muchas veces ha tenido que sortear en sus intentos de burlar la ley. A pasar de tener un representante municipal en los consejos de los centros, nunca se han preocupado de establecer nexos operativos con los responsables municipales en materia educativa. Y el Consejo Escolar Municipal, lejos de ser un órgano consultivo y director de la política educativa municipal, lo han convertido en una entelequia burocrática de carácter administrativo. La estrategia de la derecha, ante los consejos escolares, es la dejarlos morir por inanición.

Podría pensarse que, si los Consejos Escolares responden a un modelo comunitario que está en las antípodas del liberal que propugnan, impulsarían vías alternativas de atención individualizada y de participación de los ciudadanos como usuarios del servicio educativo. Pero tampoco. La derecha se ocupa de la educación por obligación, como puede y a regañadientes, pero no les preocupa ni cree en ella, si no es para abrir negocios y mantener viveros de votos. ¿Cuánto va a tardar en ofrecer al negocio privado las tres escuelas infantiles construidas en la ciudad con el Plan Zapatero?

El Partido Socialista sí cree en la educación, y en los Consejos Escolares como herramienta de participación activa, la mejor salvaguarda de los derechos individuales, la vía idónea para mejorar los proyectos educativos de los centros.

Y también cree que la ciudad, Castellón, necesita de una política educativa en la que el Consejo Escolar Municipal es un elemento primordial. Por eso en nuestro programa electoral proponemos un cambio radical en la manera de entender la educación. Bajo en lema ‘Castellón, ciudad educadora’ se halla toda una batería de acciones, estructuras de participación, servicios y centros socioeducativos en los barrios para coadyuvar con las demás administraciones en la tarea de educativa. Porque entendemos la educación como un servicio público, como un instrumento de renovación democrática y participativa: educar para transformar.

Por eso, estamos convencidos, es necesario un proyecto educativo de ciudad, liderado por el Ayuntamiento, que dé solución a los retos que se plantean en un mundo en transformación permanente y que recoja las propuestas y alternativas del conjunto de colectivos e instituciones locales.

En esa tarea estamos.

LAS EXIGENCIAS DE RAJOY

Lugar y día: Reunión de la Junta Directiva del PP en el comienzo de un nuevo curso político. 15 de septiembre de 2008
Mensaje: Exigencia al gobierno que termine con los barracones como aulas, que reduzca la vergonzosa tasa del fracaso escolar y que recupere la dignidad del profesorado.
¿?

¿Es que este señor Rajoy vive en otra galaxia? ¿Es que no sabe qué es lo que pasa por estas tierras? ¿Es que se cree que lo que dice en Madrid no llega a la periferia? ¿Es que se cree que somos lelos?

A lo mejor, esta reflexión en voz alta, este mensaje a la sociedad entera y al Gobierno para que se dé por enterado, ha sido como colofón al varapalo que le ha dado primero a su líder valenciano, señor Camps. Ha puesto el dedo en la llaga, ha visto que precisamente en esta Comunidad la tasa de barracones sólo está superada por la del fracaso escoalar, mientras la dignidad del profesorado está por los suelos, acatando el ordeno y mando de su conseller sobre cómo ha de impartise la famosa asignatura 'Education for the Citizenship', bajo amenaza de represalia ejemplar y ha dicho que esto no puede seguir así.

A lo mejor, no. A lo mejor no le ha dicho nada al señor Camps y cree que aquí todo es jauja, miel y rosas, vamos que no se entera. O a lo mejor sí se entera y no le ha dicho nada, porque la culpa de todo lo que pasa aquí la tiene el Gobierno. ¡Faltaría más!