UNA NUEVA ORDENANZA DE CONVIVENCIA POLÍTICA

El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado recientemente una nueva ordenanza de convivencia ciudadana, cuyo propósito es “preservar el espacio público como lugar de convivencia y civismo donde todas las personas puedan desarrollarse en libertad con respeto a la dignidad y a los derechos de todos y todas” (textual de la introducción). Loable intención, la cual se puede y debe suscribir desde cualquier posicionamiento ideológico.

No ocurre lo mismo cuando se describe el modelo que se pretende imponer para su consecución, casi exclusivamente punitivo, sin apenas espacio para la pedagogía, para la educación cívica. Las llamadas 'políticas de fomento de la convivencia' se reducen a un lamentable manojo de frases vacuas. Contrasta con la prolija descripción de las conductas sancionables, las prohibiciones, agrupadas en 21 artículos, así como el régimen sancionador, y esto sí que es propio de una posición política de derechas: el palo y tente tieso como única vía de ordenar la vida ciudadana.

Cierto es que los ciudadanos deben conocer cuáles son los límites de sus derechos y dónde comienzan los del vecino, como cierto es que a la ciudadanía de Castellón le queda un largo camino que recorrer para mejorar sus hábitos convivenciales. Pero también es cierto que los hábitos – no digamos las actitudes – no sólo se adquieren con multas (menos aún cuando su aplicación se antoja arbitraria, y de esto también los ciudadanos de Castellón sabemos mucho), sino que es necesario una prolongada acción educativa, de los padres a los hijos, de los representantes políticos a sus representados, para transmitirles modelos de comportamiento ejemplar.

Puestos a aplicar una nueva ordenanza de convivencia, ahí va la que deberían aplicarse todos nuestros representantes políticos, antes de atreverse a imponer su rasero a los demás: está recogida en un decálogo que quiso ver la luz durante las pasadas elecciones y quedó en la penumbra.

Primero. Queremos políticos de reconocida vocación y dedicación a lo público. Queremos políticos que hagan políticas reales sobre las necesidades de la sociedad y no ciencia ficción y fuegos de artificio en que se quema el presupuesto.

Segundo. Exigimos que nuestros gobernantes sean honestos y lo parezcan; que de su gobernación no salgan enriquecidos, ni ellos ni sus familias ni sus amigos. El decoro y el recato ha de regir sus vidas. Las muestras de lujo y de boato nos molestan por ridículas y por sospechosas. Por ello:

1)Harán pública su Declaración de Bienes ellos y los miembros de su familia nuclear al principio y al fin de su actividad pública.

2)Cuando termine su mandato cesarán en todos los puestos de responsabilidad a los que hayan accedido por razón de su cargo.

3)Durante dos años no podrán regresar o iniciar actividad relacionada con las competencias ejercidas durante su mandato.

4)En el caso de ser inculpados por un Juez cesarán inmediatamente en su cargo para desde su esfera privada defender su presunta inocencia.

5)Exigimos a los Partidos Políticos que se abstengan de incluir en sus listas electorales a personas inculpadas por la Justicia. Es un respeto que se nos debe a los ciudadanos.

Tercero. Es imprescindible que los administradores públicos respeten escrupulosamente el principio de legalidad, fuera del cual sólo crecen las malas hierbas de la recomendación, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo político y, en definitiva, el delito, esquilmadores del campo de la democracia.

Cuarto. Queremos hombres y mujeres veraces. La mentira sistemática como arma en la contienda partidaria ha arruinado la política. La mentira en interés del partido, la incoherencia, la fullería, las patrañas, las tergiversaciones, las calumnias, las injurias… la mentira repetida hasta hacerse “verdad” han convertido la política en algo innoble y despreciable.

Quinto. Nuestros representantes han de ser transparentes. La visibilidad ha de presidir lo que planean, lo que deciden y lo que consiguen.

Sexto. La participación en la res pública nos hace ciudadanas y ciudadanos. Los órganos de participación en nuestra ciudad yacen maniatados por ligazones espurias que atan a muchos de sus representantes. La nueva política se ha de imponer como primera tarea el deshacer los vínculos venales urdidos por el caciquismo.

Séptimo. Una ciudad sólo es habitable si se rige por la justicia, la libertad, la igualdad, la honestidad y la solidaridad. Éstos son los valores morales de los políticos que queremos.

Octavo. Deseamos una ciudad justa. Y una ciudad justa sólo puede ser liderada por mujeres y hombres justos, que son aquellos que están dispuestos a dar a cada uno lo que le corresponde, a tratar desigualmente a quienes son desiguales. Sin el principio de diferenciación no hay verdadera justicia: los jóvenes, las mujeres, la gente mayor, los inmigrantes… requieren especial atención.

Noveno. Pretendemos para el gobierno de nuestra ciudad hombres y mujeres con una conciencia moral madura, que no sólo sean justos, sino también compasivos y responsables de sus acciones.

Décimo. A los que ostentan la representación de sus convecinos les es exigible modestia y comedimiento. No han de subirse a engañosos pedestales de lujo ni a tarimas de vanidad. Vivan mejor a ras de suelo para no perder una idea aproximada de su estatura.

Mírense Alcalde y concejales del PP de Castellón y mírese especialmente el Presidente de la Diputación, señor Carlos Fabra, en el espejo de este decálogo y, si aguantan la imagen que les devuelve, adelante con la ordenanza de marras.