“La participación en el seno de los centros escolares
y en el seno del sistema educativo no solamente es un factor de
democratización; garantiza una mayor receptividad de las necesidades
educativas, asegura una mayor calidad de las actividades escolares”. Son
palabras de José Mª Maravall, entonces ministro de educación con el primer
gobierno socialista, defendiendo en el Congreso, hace ya casi 25 años, el
proyecto de la LODE, la ley que puso en marcha el primer sistema educativo
constitucional y dio paso a los Consejos Escolares, órganos de participación
democrática de la educación.
Fue la gran apuesta del socialismo español, y entroncaba con el modelo de
escuela pública comunitaria que siempre hemos defendido: “La escuela pública –
decía Gómez Llorente – resume el ideal de la escuela para todos; es el medio
más efectivo de alcanzar la igualdad de oportunidades entre las diversas capas
sociales y fomentar la convivencia de la participación comunitaria”. Un
proyecto zancadilleado desde el primer momento por la derecha, que tuvo que
superar un recurso previo de constitucionalidad promovido por Ruiz Gallardón
(padre) y otros diputados del Grupo Popular.
Mucho ha llovido desde entonces. La sociedad española de aquellos años ochenta,
expectante ante los cambios políticos sucedidos, vivía intensamente las
oportunidades de participación que se ofrecían, en la educación, en el
movimiento vecinal, en la cultura, en los sindicatos… Los gobiernos
autonómicos, por otra parte, comenzaban su andadura.
La red de Consejos Escolares se hizo realidad, y desde entonces, sin variar
apenas sus fines y competencias, se han venido renovando con la regularidad
ordenada. Son, a pesar del bajo tono participativo que poco a poco se ha venido
produciendo, el punto de encuentro de padres, profesores y alumnos para decidir
las importantes cuestiones de los centros y son elemento de control social del
servicio educativo que ofrecen. Se han configurado, cuando la ocasión lo ha
requerido, en elemento aglutinador de voces reivindicativas contra las
políticas educativas perversas e injustas. Son, sin duda, por su configuración
y facultades, a pesar de sus deficiencias, uno de los órganos de mayor calado
democrático de la sociedad actual.
En esta semana ha tenido lugar la renovación parcial de los consejos escolares.
Una vez más hemos de lamentar la nula implicación de la administración
educativa para estimular la participación. Ni un solo anuncio en la televisión
pública, ni un solo folleto, ni una sola comparecencia de algún responsable.
Las AMPAS y los equipos directivos de los centros han tenido que poner todo de
su parte, y a ellos tenemos que estarles agradecidos.
Los Consejos Escolares no son santo de devoción del Partido Popular, entre
otras cosas porque no puede manejarlos a su gusto, porque no puede implicarlos
en sus tácticas clientelares; es más, sabe que son escollos que muchas veces ha
tenido que sortear en sus intentos de burlar la ley. A pasar de tener un
representante municipal en los consejos de los centros, nunca se han preocupado
de establecer nexos operativos con los responsables municipales en materia
educativa. Y el Consejo Escolar Municipal, lejos de ser un órgano consultivo y
director de la política educativa municipal, lo han convertido en una
entelequia burocrática de carácter administrativo. La estrategia de la derecha,
ante los consejos escolares, es la dejarlos morir por inanición.
Podría pensarse que, si los Consejos Escolares responden a un modelo
comunitario que está en las antípodas del liberal que propugnan, impulsarían
vías alternativas de atención individualizada y de participación de los
ciudadanos como usuarios del servicio educativo. Pero tampoco. La derecha se
ocupa de la educación por obligación, como puede y a regañadientes, pero no les
preocupa ni cree en ella, si no es para abrir negocios y mantener viveros de
votos. ¿Cuánto va a tardar en ofrecer al negocio privado las tres escuelas
infantiles construidas en la ciudad con el Plan Zapatero?
El Partido Socialista sí cree en la educación, y en los Consejos Escolares como
herramienta de participación activa, la mejor salvaguarda de los derechos
individuales, la vía idónea para mejorar los proyectos educativos de los
centros.
Y también cree que la ciudad, Castellón, necesita de una política educativa en
la que el Consejo Escolar Municipal es un elemento primordial. Por eso en
nuestro programa electoral proponemos un cambio radical en la manera de
entender la educación. Bajo en lema ‘Castellón, ciudad educadora’ se halla toda
una batería de acciones, estructuras de participación, servicios y centros
socioeducativos en los barrios para coadyuvar con las demás administraciones en
la tarea de educativa. Porque entendemos la educación como un servicio público,
como un instrumento de renovación democrática y participativa: educar para
transformar.
Por eso, estamos convencidos, es necesario un proyecto educativo de ciudad,
liderado por el Ayuntamiento, que dé solución a los retos que se plantean en un
mundo en transformación permanente y que recoja las propuestas y alternativas
del conjunto de colectivos e instituciones locales.
En esa tarea estamos.
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