Los socialistas y las formaciones políticas de marcado carácter progresista apuestan por la gobernanza, término que implica una forma de gobernar que va más allá de la tradicional sujeción a la legalidad y la eficacia en la gestión de los asuntos públicos, cuando las decisiones se toman, aunque legítimamente, de forma unilateral, sobre la base de la regulación normativa y los controles jerárquicos. La gobernanza hace referencia a los procesos de toma de decisiones sobre los asuntos colectivos y presupone un estilo de gobierno innovador basado en la interacción y cooperación de los actores relevantes – los poderes públicos y los diferentes agentes sociales y económicos – en el proceso de toma de decisiones (Torres y Rodó, 2004).
El Partido Popular, lo estamos viendo año tras año en el Ayuntamiento de Castellón, en las antípodas de este modelo de ejercicio político, ha puesto en práctica un estilo de acción de gobierno basado en un sistema de reglas formales e informales (normas, procedimientos y costumbres) enturbiada con modos de acción populistas y sectarios. Paralelamente a esa acción de gobierno se han establecido mecanismos de cooptación y servidumbre y los objetivos políticos y programáticos se entremezclan o incluso se subordinan a intereses partidistas. En este caso, el gobierno se percibe por la ciudadanía como ejercicio de mando, al más puro estilo dictatorial, aunque se revista de tapaderas tecnológicas y planes de modernización.
El Partido Popular, para establecer su modelo, ha necesitado poner a su disposición, o como mínimo amordazar, a una parte del aparato administrativo del Ayuntamiento, y para ello ha ejercido una política de personal que debe ser analizada pormenorizadamente.
En estas últimas legislaturas las estructuras administrativas del Ayuntamiento se han desarrollado y ampliado de forma considerable, se han removido muchos puestos de trabajo y se han establecido unas definidas líneas jerárquicas. A su vez, el Partido Popular ha impuesto un determinado estilo de ejercicio de la responsabilidad de los empleados públicos.
Todo ello se percibe de forma intuitiva y difusa. Por ello es necesario conocer los mecanismos que regulan el acceso a la nómina del Ayuntamiento, los circuitos de toma de decisiones en materia de personal, los mecanismos de control y cómo se ha ejercido éste, las personas beneficiadas, las políticas retributivas, las connivencias con los colectivos sindicales...
Baste recordar brevemente algunos de nuestros compromisos electorales para apercibirnos de la necesidad urgente de conocer los entresijos del aparato administrativo local para, en su momento, tomar las decisiones estratégicas oportunas.
La oposición socialista está por una gestión municipal eficaz, transparente, participativa y próxima. Una gestión eficaz que pasa por la sujeción de todos los actos y decisiones administrativas al principio de legalidad, la confianza en la profesionalidad y responsabilidad de los empleados públicos, el rigor en la gestión económica y financiera, la evaluación crítica de la gestión y la obtención de las mejores cotas de eficiencia de la gestión y la prestación de los servicios. A su vez, proponemos una regeneración democrática de la vida pública y de sus agentes, un compromiso de transparencia y un nuevo concepto de ciudadanía basado en un modelo verdaderamente democrático y participativo de las entidades asociativas y ciudadanas.
La simple enunciación de la cascada de propuestas de su programa electoral para hacer posible estos retos (de la 119 a la 183) pone de relevancia la necesidad antes apuntada. Lejos de disponer de un colectivo funcionarial neutro, pueden encontrarse con dificultades añadidas, habida cuenta de la ruptura y la eliminación de privilegios que puede suponer poner en marcha sus propuestas.
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