EL GRAVE PROBLEMA DEL TRÁNSITO DE PEATONES POR LA CARRETERA DE ALCORA

Ya son dos, en un espacio de tiempo breve, las personas que han perdido la vida en circunstancias parecidas al cruzar los cuatro carriles que separan ambos lados de la carretera de Castellón a l’Alcora. Los vecinos que viven en las urbanizaciones que se encuentran a lo largo de esta carretera tenían la terrible sospecha de que tarde o temprano algo de esto iba a ocurrir.

Desde el inicio del proyecto de desdoblamiento de este vial, que discurre en una gran parte por una zona urbana, las asociaciones de vecinos afectadas presentaron sus alegaciones, casi todas encaminadas a dotar de vías de comunicación seguras para el tránsito de peatones, pues esta carretera se había diseñado como si discurriera por un desierto.

Plantearon que se potenciara una vía alternativa, como es la VC 189, para la circulación de vehículos pesados; y exigían pasos elevados como mejor solución a los pasos de peatones. Ninguna de estas dos peticiones se tuvo en cuenta.

Con el tiempo, se colocaron semáforos en dos puntos – que han sido testigos de sendos atropellos mortales - y se dispusieron pasos de cebra a la entrada de algunas rotondas. Los vecinos que utilizan estos pasos saben del enorme riesgo que se corre, habida cuenta el denso tráfico de esta carretera y de la generalizada falta de educación vial de los conductores. Y también saben del peligro que supone esperar en la parada de autobuses de la rotonda de Las Galeras, pues ya son seis los camiones que han volcado en ese mismo punto.

Las dos muertes están ahí, y cada cual debe asumir su responsabilidad. Las asociaciones de vecinos pusieron en su día la cuestión ante las autoridades responsables y ha sido objeto de constante reivindicación. El Sr. Soler, concejal de transporte y movilidad urbana del Ayuntamiento de Castellón, es conocedor del problema. El Ayuntamiento de Borriol, por su parte, aprobó el pasado mes de septiembre una moción para pedir pasarelas elevadas a la Conselleria, pero ni siquiera la ha tramitado.

En la Junta del Distrito Oeste se puso el tema sobre la mesa, y se pidió que se trasladara la petición al Conseller de infraestructuras y transporte del Gobierno Valenciano, exigiéndole soluciones concretas y urgentes. Es absolutamente necesario que esta carretera de Alcora disponga de los pasos elevados necesarios, y que se estudien alternativas serias para el tránsito de vehículos pesados.

Al día de hoy aún ha habido la más mínima respuesta. Y ocasiones para tratar el tema no han faltado: la última, con la inauguración del tramo del trolebús. ¿Es que debemos esperar a que ocurran nuevas tragedias?

UN HOMBRE DE ÉXITO

Un hombre de éxito, un ganador. Así se define en las sociedades avanzadas, competitivas, a personas como nuestro Presidente de la Diputación. Y no quisiera, con esta afirmación tan rotunda, aparecer como uno más de los panegiristas locales que de cuando en cuando soflaman nuestros espíritus. Simplemente, es la constatación objetiva de la tozuda realidad, aunque les duela a los que siempre le buscan las entretelas. Y por ello, a los hechos nos tenemos que remitir.

Tiene, porque así lo ha demostrado, las características propias de los triunfadores. Lo primero, suerte; los que se ven desfavorecidos por el azar, los que no están tocados por la gracia, los desgraciados, no pueden dar un paso en la vida: con su sombra tropiezan. Pero la suerte, aunque caiga del cielo, hay que buscarla. Y don Carlos Fabra ha demostrado que sabe buscarla y la encuentra: en la lotería y en los juegos de azar.

Lo segundo, una gran capacidad de generar recursos propios, de prosperar rápidamente en los negocios, de alimentar con celo su patrimonio y el de los suyos de forma envidiable. Y, además, sin tener que pagar onerosas contribuciones.

Lo tercero, su gran feeling. Es capaz de generar en torno suyo unas estrechísimas relaciones afectivas y de compromiso. No dejar a nadie de lado, distribuir de forma equitativa su acción benefactora, para así asegurarse el favor recíproco. Todo ello unido a una cuidada empatía que le permite disfrutar de numerosas amistades con personas de ambos sexos.

Ha demostrado, también, que tiene una especie de poderes ocultos, al estilo de los antiguos gurús, como si pudiera disponer a su voluntad de las fuerzas de la naturaleza. No ha sido vano ese llamamiento sostenido para alejar de nuestros campos la pertinaz sequía. De los nuestros y de los demás, que la petición no era egoísta. Y tanto ha llovido, que ha habido momentos que pedía yo por lo bajo que depusiera de su llamado, no fuera que tuviéramos que verle en la insospechada imagen saliendo del palacio presidencial con las perneras levantadas enseñando las pantorrillas.

Pero no, ha sabido actuar equilibradamente, y ahora podemos disfrutar de un hermoso verano. Esta mesura, este calculado equilibrio, también lo ha sabido practicar en el difícil arte de la política, más ahora en estos tiempos procelosos en los que se está debatiendo su partido. Ha apoyado a Mariano, pero ha tentado con Ricardo. Sin dejar de lado a Esperanza, que para eso trapichea con la familia. Al final, como suele suceder, ha salido airoso del trance. Hasta el punto que no le ha faltado ocasión al flamante presidente de tildarle con el honroso título de político y ciudadano “ejemplar”. Porque, efectivamente, hay que seguir su ejemplo.

Repito, un hombre de éxito.

GRISOLÍA Y LA CRISIS

El señor Grosolía, don Santiago, se ha apuntado al Manifiesto por la Lengua Castellana, una plataforma en la que insignes intelectuales del ancho mundo hispano y otras entidades que nada tienen que ver con la intelectualidad sino con el oportunismo político, hacen bandera de la lengua castellana argumentando que está en crisis, menoscabada por las otras lenguas oficiales de España. Una vez más, a falta de mayores argumentos, vemos cómo se hace de las lenguas objeto de polémica y confrontación política. De eso sabemos mucho los valencianos.

Y este apoyo explícito lo hace don Santiago en su condición de presidente del Consell Valencià de Cultura, cuyo principal objetivo es, precisamente, por imperativo legal y estatutario, potenciar y dignificar el uso y la enseñanza del valenciano.

No diré yo que el castellano goce de excelente salud, a la vista de lo que se expone más adelante, pero nada comparable con la situación del valenciano, cuyo uso social hemos visto retroceder al galope en estos últimos años - ¿bastará el ejemplo de Canal 9? -. Y tampoco anda bien el inglés, idioma universal, a la vista de los esfuerzos por reivindicarlo como lengua de enseñanza de asignaturas como Educación para la Ciudadanía: ¡hasta dónde hemos llegado!.

El señor Grisolía, si quiere fortalecer el castellano, podría cuidarlo un poco más cuando publica artículos como el que aparece en el Levante de Castellón (23-07-08) hablando precisamente de otra crisis, la económica, esta vez como presidente ejecutivo de los Premios Jaime I. ¡Qué persona más aprovechada!.

En este artículo reconoce, humildemente, que no puede alardear de experiencia médica, aunque lo sea, ni de saber de economía más que el normal de los mortales, aunque se atreve a “recetar” soluciones extraídas de su experiencia americana de los años 40 y de los últimos avatares sufridos por dos entidades financieras apoyadas por el gobierno de Bush. Pero de lo que es seguro que adolece es de rigor en el uso de la lengua, el castellano, en este artículo, habida cuenta de los errores sintácticos y hasta morfológicos que es capaz de cometer.

Creo, sinceramente, que quien de verdad está en crisis es el señor Grisolía.

PARA LEY, LA DEL EMBUDO

En tromba salió el señor Font de Mora a defender el principio de sujeción a la legalidad al que deben atenerse los funcionarios públicos, en este caso los docentes. No le hizo falta ninguna argumentación, sólo anunciar las muy graves consecuencias que pueden desprenderse. Cual esforzado matamoros, “no le temblará el pulso”, “será inexorable” con quienes osen contravenir sus órdenes. Sus órdenes, para quien no lo sepa, se refieren a impartir la asignatura de Educación para la Ciudadanía en inglés.

Semejante actitud, impropia de un responsable político, sólo cabe en aquéllos que no conocen otra ley que la del embudo. El ordeno y mando, y punto pelota. Y el señor Font de Mora es uno de los paradigmas de este tipo de actitudes, después de haber aprovechado con nota cum laude las enseñanzas de sus maestros, entre otros los profesores Zaplana y Fabra.

Hay que recordarle a este señor que es de ley lavar primero el propio patio antes de aventurarse en el ajeno. En el patio del señor conseller hay, que se sepa, dos rincones por limpiar: uno es su imputación por fraude electoral, por intento frustrado de compra de voto, cuando ejercía de responsable de la campaña de las elecciones autonómicas del 2003.

El otro es el nombramiento como director general de su consellería a otro personaje de turbios procederes, el exdirector territorial de educación de Castellón, el señor Baila. En su haber tenía, cuando le nombró, la decisión de la fiscalía de abrir diligencias de investigación penal por presunto delito de prevaricación. Por lo demás, al señor Baila no se le conoce precisamente en la provincia por sus desvelos en el cumplimiento de la legalidad. Las oposiciones de inspectores, por ejemplo, serían un buen tema para ver hasta dónde llega el brazo armado de su ley.

REBELIÓN EN LAS AULAS

Por fin parece que la comunidad educativa, en este caso los padres y los docentes, están respondiendo con un ¡basta ya! contundente a la cascada de despropósitos, manipulaciones e ineptitudes de los responsables políticos del Partido Popular en nuestra Comunidad.

No ha sido suficiente que las estadísticas educativas nos sitúen en los peores puestos de una lista que refleja los pobres niveles de éxito escolar de nuestros jóvenes; tampoco que, más allá de las fanfarrias propagandísticas, veamos cómo los centros escolares prometidos retrasan su construcción años y años; ni que veamos día a día sometido nuestro sistema educativo a situaciones de auténtico caos organizativo por la falta de responsabilidad y la desidia; ni que veamos con tanta asiduidad cómo se ejerce el poder de forma arbitraria cuando no al margen de la legalidad. Mi experiencia reciente se sitúa en la educación secundaria, y desde esta perspectiva me resulta difícil echar la vista atrás y señalar un periodo de nuestra reciente historia democrática comparable...

El insensato propósito de boicotear la puesta en marcha de la asignatura Educación para la Ciudadanía en la Comunidad Valenciana ha hecho posible que el señor Camps, asesorado por el señor Font de Mora, hayan intentado un circense triple salto mortal, un más difícil todavía, ordenando que dicha asignatura se imparta en inglés, porque ni saben suficiente inglés los escolares para que aprendan algo de provecho, ni existen los profesores necesarios para impartirla. Ahora bien, ofertan a los padres que se sustituya por un trabajo de unos cuantos folios; de esta manera, todo solucionado. ¡Son demasiado gruesas las palabras que califican semejante desprecio a la tarea educativa de los docentes! ¡Y a los padres que de buena fe pretenden que sus hijos dispongan de una buena educación! Además, por mucho que se empeñen en negarlo, saben que es una medida que no tiene apoyatura legal. Detrás de todo este tinglado se esconde una vez más la larga mano de los intereses de la iglesia católica.

Algunos institutos – públicos, cómo no – ya han manifestado su rotunda negativa a hacer realidad este despropósito. Acto de desobediencia civil que ha exasperado a nuestras autoridades educativas, las cuales no han tardado en calificar estas actitudes de gravísimas y amenazan con sanciones ejemplares. ¿Cómo unos pelagatos se atreven a cuestionar el ordeno y mando? Las asociaciones de padres y madres (las defensoras de la enseñanza pública, cómo no) se están movilizando recogiendo firmas. También los sindicatos, sin excepción.

En mi instituto, mientras estos dos señores se iban a Viena para chupar cámara a costa del triunfo de la selección, se aprobaba una propuesta que, sin caer en el riesgo de la sanción por incumplimiento de órdenes expresas, puede dar una buena solución a la incorporación de esta asignatura: amparándonos en el Decreto 234/97, reglamento de organización y funcionamiento de los institutos (ROF), invocamos el derecho reconocido (artículo 100) de diseñar nuestro proyecto educativo y, dentro del plan de normalización lingüística (artículo 102.2) proponemos que esta asignatura se imparta el próximo curso en valenciano en todos los grupos. Esta propuesta se elevará al Consell Escolar y, una vez aprobada, nadie podrá echarla atrás. Eso sí, no impide que algunos padres decidan sustituirla por el trabajito.

Ojalá cunda el ejemplo y en todos los institutos se propongan medidas semejantes.

A VUELTAS CON LA DISCIPLINA ESCOLAR

Hace ya 14 años, a finales de 1991, cuando la LOGSE impregnaba la vida de los centros, el Consell de la Comunidad Valenciana, gobernado por el PSOE, aprobó una norma reivindicada de antaño por el profesorado y, en general, por toda la comunidad educativa. Se trataba de un decreto regulador de los derechos y deberes de los alumnos de los centros de preescolar, EGB, de formación profesional y de bachillerato, que quería poner coto a los comportamientos inadecuados del alumnado, sobre todo pensando en los de segunda etapa de EGB y del resto de niveles superiores.

Era la época de la FP y el Bachillerato no obligatorios y de la participación en los consejos escolares. La época en que aún podíamos entrever que la sociedad depositaba en la educación ciertas expectativas de promoción social, que el aprobado o el suspenso jugaban un papel determinante en las relaciones de enseñanza-aprendizaje y en la conformación de la authoritas del profesorado. La época, en fin, en que las situaciones de clima escolar degradado y conflictivo estaban localizadas y eran minoritarias.

Desde entonces ha llovido mucho. Se han sucedido varias leyes orgánicas que pretenden mejorar la educación y adaptarse a los nuevos tiempos y a esta sociedad nuestra tan cambiante; se ha vivido una auténtica revolución en los centros de secundaria con la ampliación de la educación obligatoria; hemos visto alterarse significativamente los valores, vínculos y modelos que conforman las unidades familiares a la vez que hemos vivido etapas de crecimiento económico nada despreciables; hemos padecido la llegada en aluvión de alumnado extranjero y el retraso escandaloso de las construcciones escolares... Hemos constatado el aumento paulatino de las cifras de fracaso escolar... También hemos visto pasar por la Conselleria de Educación, en estos últimos doce años, bastantes responsables del Partido Popular: he perdido la cuenta.

Aquel decreto, constituido básicamente en norma de actuación de los centros ante conductas irregulares del alumnado, como son los expedientes disciplinarios, tenía una inspiración marcadamente garantista, y ante los ojos de los docentes, poco duchos en procedimientos administrativos, fue tildado con razón de burocrático y de poco efectivo. De hecho, desde el inicio de su andadura fue malinterpretado y mal utilizado, hasta tal punto que, en puridad, pocos de la multitud de expedientes incoados en estos catorce años pasarían a mi entender un examen de validez jurídica. No era una norma que buscase la modificación de las causas de los comportamientos inadecuados, ni ha puesto el acento en la preservación de los derechos del resto del alumnado no conflictivo. Tampoco la administración educativa ha hecho mucho en cuanto a la formación de los docentes en estos aspectos, y ha mirado para otro lado cuando ha visto estas pifias legales.

Ahora, a caballo entre el tercero y el cuarto periodo de mandato del Partido Popular, se pone en marcha un nuevo decreto, después de un largo periodo de maduración, que regula la convivencia en los centros y actualiza el listado de derechos y deberes de alumnos, profesores y padres. En esta materia también nuestra comunidad va en los furgones de cola, a pesar de que era hace tiempo absolutamente necesaria una nueva regulación adaptada a las nuevas realidades de los centros, de las familias y de la sociedad.

El nuevo decreto quiere ser el generador de la buena convivencia en los centros y está trufado de excelentes intenciones, loas a la labor docente y requerimientos a la implicación familiar; tiene, además, una fe ciega en los efectos beneficiosos que la norma, por el sólo hecho de publicarse, va a producir en los centros. O se cree que por el mero hecho de recopilar y enumerar los derechos de unos y de otros éstos quedan automáticamente salvaguardados.

Pero cuando se llega al título que norma las actuaciones para resolver los problemas de convivencia, salvo unas cuantas perlas novedosas que pasaremos luego a comentar, continua cayendo en los mismos errores: enumeración y tipificación de conductas sancionables y descripción del proceso sancionador, con una visión marcadamente burocrática y judicial; no entra en ningún planteamiento para la transformación educativa de las conductas conflictivas (aunque habla de ‘medidas educativas correctoras’), y ni mucho menos trata de abordar las causas que generan los problemas de convivencia para actuar de forma preventiva.

Tres cuestiones concretas, a modo de ejemplo, en relación con las medidas ‘educativas correctoras’ sobre conductas consideradas contrarias pero no ‘gravemente perjudiciales para la convivencia’:
a) Introduce la prohibición del uso de teléfonos móviles y su retirada (una vez apagados) por el director, con la devolución posterior a los padres en presencia del alumno/a. Cuestión ya superada por muchos centros, sin necesidad de decreto.
b) Introduce la figura del aula de expulsados de ciertas clases, por un periodo máximo de una semana, siendo el jefe de estudios quien debe organizar su atención. Conllevará requerimientos de aumento de dotaciones para su atención que no contempla.
c) Introduce como sanción la suspensión del derecho a la participación en actividades extraescolares programadas durante los 15 días siguientes, lo que induce a considerar como no educativas dichas actividades.
Y de todo ello, desde la simple amonestación hasta la salida del aula, debe quedar constancia escrita en el centro y ser remitido el correspondiente informe al Registro Central para buen uso estadístico posterior.

En definitiva, una nueva norma que parchea la anterior, no entra en la raíz de los problemas y que tiene visos de que va a embrollar más aún las dinámicas organizativas de los centros. Tras un mes de su publicación, la norma ya está en vigor, pero aún no se tiene noticia de los recursos suplementarios que deben recibir los centros para su puesta en marcha. En definitiva, el próximo curso aún será papel mojado.

La convivencia escolar no puede ser tratada como algo ajeno a todo el proceso educativo. Sabemos que los conflictos son consecuencia y están en la base del fracaso escolar. Por tanto, si se quiere mejorar de la convivencia escolar hemos de acometer medidas de carácter estructural y abordar el problema desde todos los ámbitos. Medidas tales como:

1. Potenciar la figura del profesor-tutor como elemento clave, dotándole del complemento económico correspondiente, y diseñar un sistema de nombramientos que permitan que sean ejercidas estas funciones por los y las mejores profesionales.
2. Dotar a los centros con recursos humanos, equipos de educadores y trabajadores sociales, que lleven a cabo funciones de mediadores y ayuden al profesorado.
3. Estabilizar las plantillas de los centros de secundaria reduciendo el número de profesorado interino.
4. Plantear desde los ayuntamientos planes serios de colaboración para atajar el absentismo escolar y las conductas violentas fuera del centro, mediante la figura de los agentes de proximidad.
5. Potenciar los equipos multidisciplinares municipales para ayudar a las familias.
6. Establecer programas de escolarización combinada, con talleres de inserción laboral, dirigidos al alumnado con mayores problemas.
7. Llevar a cabo una política de escolarización que distribuya equitativamente entre todos los centros sostenidos con fondos públicos al alumnado inmigrante.
8. Creerse que una asignatura como Educación para la Convivencia puede y debe ayudar a mejorar la convivencia en los centros.

Todas ellas son propuestas que aparecen en los programas de educación de los partidos progresistas, como el de “Castellón Ciudad Educadora” del partido socialista. El PP no puede proponer, después de 12 años en la Generalitat y 16 en el Ayuntamiento, más que un decreto burocratizador, miope y poco efectivo.

CUESTIÓN DE LIDERAZGO

En la tierra, decía Armand Salacreu, hay dos cosas sencillas: relatar el pasado y predecir el futuro. Pero ver claro día tras día, sentenciaba, es otra cuestión.

Nada es sencillo, dirán; y menos en nuestras modernas sociedades. Pero continua siendo cierto, como asegura el dramaturgo francés, que dar respuesta correcta a los problemas del día a día es lo realmente complicado y, sin duda, lo más comprometido, mucho más que explicar los porqués de los acontecimientos. Lo de hacer pronósticos, por otra parte, tendremos que dejarlo para las ciencias esotéricas, a la vista de lo impredecibles y vertiginosos con que se suceden.

Dar esa respuesta correcta del momento presente es lo difícil y lo arriesgado. Es más fácil quedarse callado, agazapado ante los problemas, mirando hacia otro lado o augurando el fracaso de los demás. Y, sin embargo, dar respuestas, proponer soluciones, es lo que la sociedad demanda a quienes tienen la responsabilidad de gobernar. También, a los que ejercen responsablemente de oposición. Más en tiempos de dificultades.

Hablamos de la capacidad de liderazgo, que comporta, entre otras virtudes, la de orientar soluciones a las necesidades de los ciudadanos, de adaptarse a los nuevos requerimientos, de la capacidad de negociación y de integración, de sentido de la innovación, de altura de miras.

En estos últimos días hemos tenido ocasión de percibir dos formas muy diferentes de ejercer esta capacidad (o incapacidad) de liderazgo.

Nuestra ciudad, todos lo sabemos, ha sufrido como pocas las consecuencias de la crisis económica, alcanzando unas cotas de desempleo muy preocupantes. ¿Qué soluciones hemos percibido en todo este tiempo? Están concluyéndose los proyectos financiados con fondos del primer Plan E y ya se han concretado los que inmediatamente se cubrirán con el segundo, los cuales van a dar solución a deficiencias históricas y otras más recientes de diferentes barrios. Dinero público para crear parte del empleo destruido, principalmente en el sector de la construcción. Y de la Generalitat, del plan de Camps, a pesar de las promesas, aún nada de nada.

Muchos municipios, por su parte, están aportando sus propios planes locales para crear empleo. El ayuntamiento de Castellón, huelga decirlo, no considera suyo el problema; por eso en los presupuestos municipales se destinan escasamente 40.000 euros al Plan Castellón Emplea. Presupuestos que son una muestra más de la escasa capacidad del Partido Popular para la gestión pública y de falta de liderazgo.

El Partido Socialista, por medio de su portavoz en el Grupo Municipal, Juan María Calles, ha ofrecido un paquete de medidas para mejorarlos que, obviamente, fueron totalmente rechazadas. Y hace unos días ofrecía al equipo de gobierno y a la ciudad de Castellón una propuesta que resume por sí sola esa capacidad de liderazgo de la que hablamos: ante los problemas concretos e importantes, soluciones de alcance. Que el alcalde, Alberto Fabra, defienda la implantación de Ikea en Castellón, pues es la solución para desatascar un conflicto institucional larvado desde hace años por la falta de liderazgo del Partido Popular para canalizar la llegada de la multinacional sueca a tierras valencianas. La inversión de Ikea en la construcción de una nueva planta comercial supondría una inyección económica de hasta 250 millones de euros, y el impacto en la economía local sería muy beneficioso en los sectores vinculados al ámbito inmobiliario. Generaría, según los estudios, 2.000 puestos de trabajo durante la construcción del centro comercial y otros 2.000 entre empleos directos e indirectos.

La propuesta ha sido bien recibida por la ciudadanía y por los sectores afectados, condición indispensable de toda iniciativa que pretenda convertirse en proyecto colectivo, pero nace con un estigma: haber sido auspiciada por el Partido Socialista, lo que inmediatamente ha producido la reacción de rechazo, predecible por otra parte, del equipo de gobierno. Les pilla con el paso cambiado, y el “no” del alcalde a la propuesta, con argumentos insostenibles, le pasará factura, pues es una nota más en el haber de su incapacidad de liderazgo.