Por
fin parece que la comunidad educativa, en este caso los padres y los docentes,
están respondiendo con un ¡basta ya! contundente a la cascada de despropósitos,
manipulaciones e ineptitudes de los responsables políticos del Partido Popular
en nuestra Comunidad.
No ha sido
suficiente que las estadísticas educativas nos sitúen en los peores puestos de
una lista que refleja los pobres niveles de éxito escolar de nuestros jóvenes;
tampoco que, más allá de las fanfarrias propagandísticas, veamos cómo los
centros escolares prometidos retrasan su construcción años y años; ni que
veamos día a día sometido nuestro sistema educativo a situaciones de auténtico
caos organizativo por la falta de responsabilidad y la desidia; ni que veamos
con tanta asiduidad cómo se ejerce el poder de forma arbitraria cuando no al
margen de la legalidad. Mi experiencia reciente se sitúa en la educación
secundaria, y desde esta perspectiva me resulta difícil echar la vista atrás y
señalar un periodo de nuestra reciente historia democrática comparable...
El insensato
propósito de boicotear la puesta en marcha de la asignatura Educación para la
Ciudadanía en la Comunidad Valenciana ha hecho posible que el señor Camps,
asesorado por el señor Font de Mora, hayan intentado un circense triple salto
mortal, un más difícil todavía, ordenando que dicha asignatura se imparta en
inglés, porque ni saben suficiente inglés los escolares para que aprendan algo
de provecho, ni existen los profesores necesarios para impartirla. Ahora bien,
ofertan a los padres que se sustituya por un trabajo de unos cuantos folios; de
esta manera, todo solucionado. ¡Son demasiado gruesas las palabras que
califican semejante desprecio a la tarea educativa de los docentes! ¡Y a los
padres que de buena fe pretenden que sus hijos dispongan de una buena
educación! Además, por mucho que se empeñen en negarlo, saben que es una medida
que no tiene apoyatura legal. Detrás de todo este tinglado se esconde una vez
más la larga mano de los intereses de la iglesia católica.
Algunos institutos –
públicos, cómo no – ya han manifestado su rotunda negativa a hacer realidad
este despropósito. Acto de desobediencia civil que ha exasperado a nuestras
autoridades educativas, las cuales no han tardado en calificar estas actitudes
de gravísimas y amenazan con sanciones ejemplares. ¿Cómo unos pelagatos se
atreven a cuestionar el ordeno y mando? Las asociaciones de padres y madres
(las defensoras de la enseñanza pública, cómo no) se están movilizando
recogiendo firmas. También los sindicatos, sin excepción.
En mi instituto,
mientras estos dos señores se iban a Viena para chupar cámara a costa del
triunfo de la selección, se aprobaba una propuesta que, sin caer en el riesgo
de la sanción por incumplimiento de órdenes expresas, puede dar una buena
solución a la incorporación de esta asignatura: amparándonos en el Decreto
234/97, reglamento de organización y funcionamiento de los institutos (ROF),
invocamos el derecho reconocido (artículo 100) de diseñar nuestro proyecto
educativo y, dentro del plan de normalización lingüística (artículo 102.2)
proponemos que esta asignatura se imparta el próximo curso en valenciano en
todos los grupos. Esta propuesta se elevará al Consell Escolar y, una vez
aprobada, nadie podrá echarla atrás. Eso sí, no impide que algunos padres
decidan sustituirla por el trabajito.
Ojalá cunda el
ejemplo y en todos los institutos se propongan medidas semejantes.
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