Dicen que albergo el virus del pesimismo permanente,
que vive en simbiosis complacida con las bacterias del escepticismo, crecidas y
multiplicadas en el caldo de la edad madura. No les falta razón: me reconozco
pesimista y escéptico, sobre todo en lo que se refiere a la política y, en
concreto, a la política educativa. Y es que nací en este país valenciano
naranjero y he tenido la suerte de probar diversos sabores, dulces, amargos e
insípidos. ¿Cómo ser optimista ante el decadente, deteriorado y decepcionante
panorama educativo que se nos ofrece?
Los datos de los organismos internacionales de
evaluación (informe PISA y compañía) así lo indican, pero lo que olemos los
docentes no deja lugar a dudas. Los veinte años, uno detrás de otro, de
gobiernos de la derecha en la Generalitat han dado los frutos deseados, y, como
sabemos, no era una derecha cualquiera: una derecha instalada en un extremo de
su ideología neoliberal, corrupta y prepotente. Llenándose la boca de
palabras-humo (libertad, futuro, calidad…) y echando la culpa, entre otras, a
leyes no deseadas, se dedicó con saña en sus inapelables objetivos: cuidar en
los centros confesionales sus viveros de votos, hacer negocios ilícitos a
cuenta de las obras, dejar a su aire al sector público, dedicándole el mínimo
esfuerzo, y practicar la estrategia del avestruz ante las cuestiones de
personal, por aquello de evitar problemas añadidos con los sindicatos.
Razones ideológicas aparte, y dejando al margen la
eterna disyuntiva pública/privada, los factores referentes al profesorado son,
han sido, determinantes para llegar a la situación actual, focalizados en estas
realidades:
- La ausencia real de control de la labor docente,
sustituida por una superabundancia de burocracia inútil, y una total falta de
exigencia de responsabilidades en el ejercicio de cualquier función.
- La exagerada e insoportable inestabilidad de las
plantillas en los centros, con una abultadísima bolsa de interinos,
provisionales y comisiones de servicios. El sistema de otorgamiento de estas
últimas se ha convertido en un pseudoconcurso de traslados paralelo totalmente
discrecional.
- Una flagrante y continuada inobservancia de la
legalidad, amparada impúdicamente por los colectivos sindicales. Lo que ha
propiciado, además, la sensación generalizada de amiguismo y compadreo.
- Y una deficiente formación inicial del
profesorado, motivada sobre todo por la mínima nota de corte para el acceso a
la universidad, unos planes de estudios manifiestamente mejorables y un sistema
de ingreso a la función pública penoso y, lo que es peor, poco fiable y
creíble. La escasez de capacidades y habilidades pedagógicas de los docentes se
enmascara con la invocación a una supuesta violencia del alumnado y la falta de
autoridad y apoyo social.
De todo ello, quizá lo más llamativo sea el grave
conflicto de la gran bolsa de interinos, cuyo número total se guarda
celosamente (la última oferta, del 11 de enero, para cubrir sustituciones y
vacantes, era de 230 plazas, aunque se hablaba en el pasado mes de julio de la
necesidad de sacar 13.000). Su reivindicación para consolidar sus puestos se ha
convertido en uno de los principales conflictos con la administración, que debe
cumplir, por encima de todo, los principios constitucionales de igualdad,
mérito, capacidad y publicidad. Profesorado interino con el único mérito de los
servicios prestados, sin ninguna evaluación objetiva de su prestación. Nadie
menciona la flagrante y permanente trasgresión de la ley, la Ley 10/2010, de 9
de julio, de la Función Pública Valenciana, que regula, en su artículo 16, la
figura del funcionariado interino. El punto 16.1 habla de su nombramiento «por
razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia»,
y que en todo caso será «una relación de carácter temporal». El punto 16.2 los justifica
por «la
existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura
por personal funcionario de carrera…» ¿Por qué, siendo necesarios, no se
han convocado las oportunas oposiciones en número suficiente? ¿Cómo se puede
entender ese engendro de ‘aprobado sin plaza’? ¿Por qué se suprimieron 5.000
puestos?
Pero actualmente la administración educativa de la
Generalitat está en otras manos. El Acord
del Botànic otorgó la responsabilidad
a la Coalició Compromís, que la
exigió por intereses varios, entre otros porque tiene un arraigo especial entre
el profesorado, con un apoyo determinante de un concreto sindicato, del que es
integrante el máximo responsable de la Conselleria.
Y el hecho es que, lejos de vislumbrarse vías de
solución del problema, parece enquistado por la imposibilidad de conciliar
cuestiones de legalidad y de intereses corporativos. Mientras, el sistema
educativo valenciano sigue su deriva decadente. Desgraciadamente, la vida sigue
igual… de mal.
