La vida sigue igual…

Dicen que albergo el virus del pesimismo permanente, que vive en simbiosis complacida con las bacterias del escepticismo, crecidas y multiplicadas en el caldo de la edad madura. No les falta razón: me reconozco pesimista y escéptico, sobre todo en lo que se refiere a la política y, en concreto, a la política educativa. Y es que nací en este país valenciano naranjero y he tenido la suerte de probar diversos sabores, dulces, amargos e insípidos. ¿Cómo ser optimista ante el decadente, deteriorado y decepcionante panorama educativo que se nos ofrece?

Los datos de los organismos internacionales de evaluación (informe PISA y compañía) así lo indican, pero lo que olemos los docentes no deja lugar a dudas. Los veinte años, uno detrás de otro, de gobiernos de la derecha en la Generalitat han dado los frutos deseados, y, como sabemos, no era una derecha cualquiera: una derecha instalada en un extremo de su ideología neoliberal, corrupta y prepotente. Llenándose la boca de palabras-humo (libertad, futuro, calidad…) y echando la culpa, entre otras, a leyes no deseadas, se dedicó con saña en sus inapelables objetivos: cuidar en los centros confesionales sus viveros de votos, hacer negocios ilícitos a cuenta de las obras, dejar a su aire al sector público, dedicándole el mínimo esfuerzo, y practicar la estrategia del avestruz ante las cuestiones de personal, por aquello de evitar problemas añadidos con los sindicatos.

Razones ideológicas aparte, y dejando al margen la eterna disyuntiva pública/privada, los factores referentes al profesorado son, han sido, determinantes para llegar a la situación actual, focalizados en estas realidades:

- La ausencia real de control de la labor docente, sustituida por una superabundancia de burocracia inútil, y una total falta de exigencia de responsabilidades en el ejercicio de cualquier función.

- La exagerada e insoportable inestabilidad de las plantillas en los centros, con una abultadísima bolsa de interinos, provisionales y comisiones de servicios. El sistema de otorgamiento de estas últimas se ha convertido en un pseudoconcurso de traslados paralelo totalmente discrecional.

- Una flagrante y continuada inobservancia de la legalidad, amparada impúdicamente por los colectivos sindicales. Lo que ha propiciado, además, la sensación generalizada de amiguismo y compadreo.

- Y una deficiente formación inicial del profesorado, motivada sobre todo por la mínima nota de corte para el acceso a la universidad, unos planes de estudios manifiestamente mejorables y un sistema de ingreso a la función pública penoso y, lo que es peor, poco fiable y creíble. La escasez de capacidades y habilidades pedagógicas de los docentes se enmascara con la invocación a una supuesta violencia del alumnado y la falta de autoridad y apoyo social.

De todo ello, quizá lo más llamativo sea el grave conflicto de la gran bolsa de interinos, cuyo número total se guarda celosamente (la última oferta, del 11 de enero, para cubrir sustituciones y vacantes, era de 230 plazas, aunque se hablaba en el pasado mes de julio de la necesidad de sacar 13.000). Su reivindicación para consolidar sus puestos se ha convertido en uno de los principales conflictos con la administración, que debe cumplir, por encima de todo, los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Profesorado interino con el único mérito de los servicios prestados, sin ninguna evaluación objetiva de su prestación. Nadie menciona la flagrante y permanente trasgresión de la ley, la Ley 10/2010, de 9 de julio, de la Función Pública Valenciana, que regula, en su artículo 16, la figura del funcionariado interino. El punto 16.1 habla de su nombramiento «por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia», y que en todo caso será «una relación de carácter temporal». El punto 16.2 los justifica por «la existencia de puestos de trabajo vacantes cuando no sea posible su cobertura por personal funcionario de carrera…» ¿Por qué, siendo necesarios, no se han convocado las oportunas oposiciones en número suficiente? ¿Cómo se puede entender ese engendro de ‘aprobado sin plaza’? ¿Por qué se suprimieron 5.000 puestos?

Pero actualmente la administración educativa de la Generalitat está en otras manos. El Acord del Botànic otorgó la responsabilidad a la Coalició Compromís, que la exigió por intereses varios, entre otros porque tiene un arraigo especial entre el profesorado, con un apoyo determinante de un concreto sindicato, del que es integrante el máximo responsable de la Conselleria.

     Y el hecho es que, lejos de vislumbrarse vías de solución del problema, parece enquistado por la imposibilidad de conciliar cuestiones de legalidad y de intereses corporativos. Mientras, el sistema educativo valenciano sigue su deriva decadente. Desgraciadamente, la vida sigue igual… de mal.