La
razón de ser, la finalidad primera de un trolebús, como cualquier otro medio de
transporte colectivo, es la de facilitar y mejorar la comunicación; es la de
acercar, la de unir a las personas. Si se trata de un proyecto de mayor
envergadura, como el del TRAM, mayor énfasis debería ponerse en estos
requisitos.
Por el contrario, el proyecto del trolebús guiado por Castellón se ha
convertido ya en el proyecto de la discordia política, de la fractura social,
del atropello cultural, conservacionista y patrimonial.
El Partido Popular en el gobierno de la ciudad y en el Consell debe tener muy
poderosas razones para haberse embarcado en un proyecto que genera tanta
repulsa, que les obliga a desoír informes de cualificados órganos consultivos y
a vulnerar preceptos legales. ¿Qué intereses se esconden detrás de tal
decisión? No se han explicitado, ni se incardinan en un proyecto de ciudad.
Sería infantil que el empecinamiento fuera por oposición al proyecto de
movilidad de los socialistas con el tranvía como opción; y resulta malpensado
barruntar otro tipo de compromisos. El silencio de los gobernantes infunde todo
tipo de temores.
Solamente tienen un único punto de apoyo: la mayoría absoluta que les ha
otorgado una mayoría silenciosa que prefiere mirar hacia otro lado, callando y,
al hacerlo, otorgando. Por el contrario, a la minoría que se opone a este
desatino sólo le asiste la voz de la razón, de las razones jurídicas,
culturales y preservadoras de un patrimonio cultural y natural que es uno de
los pocos baluartes que ofrece la ciudad: el parque Ribalta, su entorno y el
centro histórico.
Un trolebús atravesando la ciudad por el medio, desde el Grau hasta la UJI,
partiendo en dos el centro histórico y el parque, atentando contra los valores
patrimoniales, no se sostiene ni por razones de extrema necesidad de movilidad.
Y hasta ahora hemos visto cuál es su nivel de utilización.
Por tanto, y para evitar una mayor degradación de la ciudad, modestamente
exigimos:
1. La inmediata paralización de las obras.
2. La apertura de un proceso de información y análisis para concitar el máximo
de consenso político y social.
3. La propuesta de un trazado alternativo para su estudio técnico y
presupuestario.
4. El establecimiento de un calendario de ejecución acorde con el esfuerzo
inversor.
5. El análisis conjunto con los ayuntamientos de los municipios colindantes
para ofrecer fórmulas de ampliación que rentabilicen al máximo el dinero de
todos.
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