Los dirigentes del PP de Castellónestán muy nerviosos, y no es por falta de motivos. A sus problemas por sacar adelante la gestión diaria, que no son pocos, se unen los reveses jurídicos que les impiden desarrollar con tranquilidad sus propuestas; y a las pifias económicas y financieras se les acumulan los efectos de la crisis, siendo su primer síntoma una reducción drástica de ingresos.
Pero lo que les está tocando verdaderamente la moral tiene su epicentro en Madrid, con un tentáculo peligrosísimo que se mueve en Valencia y cuyos coletazos se sienten también en Castellón.
En este contexto se entienden las manifestaciones de la señora Amorós, de suyo siempre lenguaraz. Con su ensayado desparpajo se siente muy a gusto sobre todo cuando de echar soflamas contra la oposición socialista se trata, no importándole si lo que suelta está fundamentado o no, porque no está acostumbrada a que se le replique.
Por eso, cuando aseguró aquello de que “aquí, a quien está imputado se le echa inmediatamente”, no aquilató el término, y estaba pensando seguramente no en la imputación, sino en el procesamiento, hablando en términos judiciales.
Poco le importa: ni imputado, ni procesado, ni nada de nada. Todo es una conspiración, una confabulación, una persecución engañosa, una insidia colectiva de todos los que cuestionan, se oponen, airean o critican a los suyos, inmaculadamente perfectos, genuinamente impolutos.
Pero lo cierto es que quien entiende así los comportamientos públicos es una persona que días antes, en calidad de autoridad pública, ha utilizado una reunión de un colectivo rumano en la iglesia ortodoxa de San Nicolás, en connivencia de sus autoridades religiosas – que para eso están convenientemente apesebradas - , para, en medio del acto piadoso, largar una arenga electoral, de tal sectarismo y con tanta burda demagogia, que causó sonrojo en buena parte de la asistencia, obligando a algunos a retirarse discretamente.
Imputarle tal comportamiento es cómo no, para ella, un juicio conspirativo y temerario, como exigir que explique de qué modo acceden familiares de cargos públicos a puestos de trabajo de la administración, o con qué argumento legal a su compañero concejal, señor Sales, se le ha concedido una comisión de servicios a un puesto de trabajo que no existe (y que, por tanto, no desempeña), o cómo otro compañero concejal, no funcionario, el señor Romero, ha sido nombrado para un puesto que requiere tal condición, disfrutando además del piso que conlleva tal prebenda... Son públicos y notorios, pero son tantos los casos, que dejan de ser noticia.
¿Imputaciones? Tan acostumbrados están a esta espuria forma de entender la sujeción de los comportamientos a las normas establecidas que el listón de lo que significa 'imputación' lo están poniendo cada vez más alto.
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