Lejos quedan las convenciones de Río y Kyoto de los 90 que vaticinaron lo que hoy es una realidad irrefutable: que nuestra delgadísima capa atmosférica es incapaz de absorber las emisiones de gases nocivos, sobre todo CO2, producidos por la actividad humana, generando una carcasa gaseosa, un auténtico invernadero que captura y retiene el calor solar. Y desde entonces este problema del calentamiento, a pesar de las terribles evidencias, a pesar de los gestos de algunos líderes mundiales y las buenas palabras, se ha agravado de tal forma que las recomendaciones de entonces son ahora inaplazables urgencias.
El mundo occidental, enfrascado en la actual crisis económica, asiste a esta nueva cumbre sobre la crisis climática con el ánimo descompuesto. Una buena parte de la sociedad poco sabe de lo que allí se cuece, y entre los informados son más los escépticos que los esperanzados. Pocos son optimistas y muchos los radicalmente defraudados: no les faltan razones a estos activistas, porque el clima, dicen, no es un banco. Si lo fuera, como reza una de las consignas que aglutinan a los militantes ecologistas por la red, ya lo habrían salvado.
Dos son los grandes objetivos propuestos en esta cumbre: determinar cuotas de responsabilidad en la actual degradación a fin de establecer las correspondientes compensaciones financieras hacia los países del Sur que deben luchar contra las catástrofes climáticas y concretar un calendario que obligue legalmente a los Estados a reducir drásticamente sus emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo a los dos países más contaminantes, EE. UU. y China.
Dos objetivos que deben asumir los países del Norte junto a otro reto no menos crucial, consolidar un cambio de modelo económico que no valore el beneficio sin determinar los costes ecológicos ni el despilfarro de los limitados recursos.
El problema es de todos y cada cual debe asumir sus responsabilidades. El presidente Zapatero así lo ha entendido, y ha acudido a la capital danesa con su proyecto de ley de economía sostenible bajo el brazo, que recoge una buena cantidad de propuestas que apuntan en esa dirección. Somos realistas: aún está por concretar, falta mucho que desarrollar y debe ser socialmente aceptada; pero el hecho es que es un gran paso en la buena dirección.
El problema es de todos, también de los responsables de los gobiernos locales, porque al ser los más próximos a los ciudadanos, con mayor eficacia pueden impulsar políticas que incidan en los buenos hábitos individuales y colectivos. Por eso el Partido Socialista, en su programa para la ciudad de Castelló tiene asumido un compromiso de gran calado: configurar, con la participación de los agentes y movimientos sociales, un plan integral de sostenibilidad para la ciudad, con el objetivo de que Castelló se sume a las exigencias de las ciudades verdes, sin perder su potencial productivo. A pesar de que el verde es el color del distintivo de su bandera, está en la cola del ranking español.
No se trata sólo de incrementar las superficies de arbolado y de parques, de poner en valor nuestras zonas con mayor riqueza medioambiental o de impulsar ordenadamente el uso de medios de locomoción no contaminantes, todas ellas medidas ineludibles, sino de integrarlas en un proyecto estratégico junto a otras no menos necesarias: un plan para el mayor aprovechamiento de las viviendas, para reducir la contaminación lumínica, el consumo de energía eléctrica y de los gases emitidos por la circulación rodada; incrementar de forma sensible la utilización de energías renovables y la cogeneración de electricidad; sanear nuestra red de suministro de agua potable, extender a toda la ciudad el depósito selectivo de residuos, dotarnos de nuevos ecoparques más próximos y accesibles o impulsar campañas educativas en los centros escolares. En esa tarea estamos.
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