(Artículo publicado el 24-9-11 en el periódico
Mediterráneo)
En el acta de la asamblea general de la acampada de Sol
celebrada tres días después de las últimas elecciones se recogen las cuatro
reivindicaciones fundamentales del Movimiento 15M: “Una reforma electoral
encaminada a una democracia más proporcional y a desarrollar mecanismos de
participación ciudadana, la lucha contra la corrupción política mediante normas
a permitir una total transparencia política, la separación efectiva de los
poderes públicos y la creación de mecanismos de control ciudadano para la
existencia efectiva de responsabilidad política”.
Son exigencias de un activo movimiento ciudadano a toda la
clase política, a la que culpa, sin excepción ni diferencias, del deterioro
democrático que padecemos y de la consiguiente desafección que ha producido en
amplios sectores de la sociedad. Basta repasar los manifiestos e intervenciones
de los líderes en esos días de mayo para comprobar que, incluso, es al Partido
Socialista al que dirigen con mayor contundencia sus reproches.
Creo, sinceramente, que este tratamiento indiferenciado ni
responde a la realidad ni es justo. Es más, sigue la línea argumental de la
estrategia del PP y se alía a sus intereses: “Si todos son lo mismo, ¿por qué señalar
a uno?”.
Sé que esta valoración, para muchos ciudadanos impregnados
por las consignas del 15M, quedará de inmediato puesta bajo sospecha, sólo por
venir de alguien que escribe bajo siglas socialistas. Sin embargo, no podemos
renunciar a expresar esta posición, y a refutar con humildad, pero con voz
firme, que no todos son iguales, que ni hacen las mismas cosas ni pretenden los
mismos objetivos. Menos en cuestiones que tienen que ver con la calidad
democrática, la corrupción, el clientelismo y la manipulación política.
Si a los hechos, más que a las opiniones, hemos de
remitirnos quiero citar una reciente obra de un equipo de especialistas
universitarios nada sospechosos de partidismo, entre los que se encuentra J.A.
Piqueras, catedrático de Historia Contemporánea de la UJI: “El secuestro de
la democracia”, en la que se analiza con rigor el panorama de corrupción y
dominación política de la España actual y, con mayor atención, la situación en
la Comunidad Valenciana en esta última década, pues, según sus palabras, “la
anomalía valenciana (…) revela la creación de un sistema que descansa en
instituciones democráticas y se sirve de mecanismos irregulares – clientelismo,
corrupción, política de medios y neopopulismo – para establecer una hegemonía
partidista destinada a prolongarse en el gobierno”. Y aquí, sin duda, sabemos
el papel que juega cada cual: el del Partido Socialista ha sido el de la
insistente denuncia y el de sentirse en muchas ocasiones mero figurante de un
juego en el que las reglas las ponen otros.
Por ello, no es de extrañar que asumamos con vehemencia los
postulados del acta de la asamblea de Sol, ni que en nuestros programas
electorales ni en nuestros documentos de discusión política estos
planteamientos y muchos otros de este tenor tengan tanta relevancia. En nuestro
Programa Municipal, cuya elaboración fue muy anterior a los movimientos de
mayo, ocupaban un lugar destacado y, bajo el título “Otra formar de gobernar:
austeridad, rigor, transparencia, participación”, se desgranaban principios y
propuestas como ésta: “…se hace ahora aún más necesaria la puesta en marcha de
otro modelo, como el que proponemos, que no es patrimonio de una determinada
ideología política, sino, simplemente, está al servicio de la ciudadanía para
que, de manera honesta, abierta y transparente, se gestione eficazmente el
dinero de todos….” O esta otra: “…los socialistas creemos en la participación
democrática, porque estamos convencidos que esta participación es la que
garantiza gobiernos de calidad…” O esta: “…la regeneración democrática de la
vida pública y de sus agentes exige de un nuevo compromiso con la transparencia
de la gestión, para que la ciudadanía conozca pormenorizadamente cuáles son sus
propósitos, cómo los consiguen y cuáles son los resultados…”. Además, hacíamos
público e instábamos al resto de fuerzas políticas a asumir un Manifiesto y un
decálogo de compromisos para la regeneración ética de la política, entre cuyos
principios se incluía, por ejemplo, la necesidad de apartar de la vida pública a
aquellos que son imputados por la Justicia.
Y, más cerca en el tiempo, en la Conferencia Autonómica
celebrada el pasado fin de semana se debatieron e impulsaron multitud de
propuestas para el programa de las próximas elecciones generales, entre las que
conviene destacar algunas de las que se recogen en el apartado ‘Más
democracia’: la reforma de la Ley Electoral para impulsar las listas abiertas o
la elección directa de los alcaldes, la rebaja de la edad mínima para tener
derecho al voto, la regulación de la influencia de los grupos de presión, el
impulso de una ley de eficacia, responsabilidad y transparencia en la gestión
de los recursos públicos o el refuerzo de las medidas administrativas y penales
contra la corrupción política.
Estos son hechos, objetivos y propuestas. Frente a la
mediatización de la política por los llamados “mercados financieros”, más
política, pero de otra manera, con nuevas formas de expresión, más control y
transparencia. En definitiva, más democracia.
