Durante
las últimas semanas se han producido en nuestra sociedad una serie de
acontecimientos políticos provocados por el más largamente esperado e
insistentemente reclamado: la dimisión de Camps. Hechos que han tenido una
repercusión mediática de nivel nacional, que ya han sido objeto de análisis en
numerosos cenáculos y medios de comunicación y lo seguirán siendo en los
próximos meses coincidiendo con la próxima confrontación electoral. Pasada
ésta, es más que probable que el señor Camps caiga en el olvido, por el bien de
todos y, especialmente, del propio partido al que pertenece.
Sin embargo esta dimisión forzada del presidente Camps, el relevo del alcalde
de nuestra ciudad Alberto Fabra en su sucesión y, siguiendo la cadena de
efectos, la designación de Alfonso Bataller para ocupar el sillón vacío de la
alcaldía tienen una innegable trascendencia para los de la Plana. Y puestos a
valorar, ya que se abre un nuevo panorama político que anuncia una nueva etapa,
vale la pena destacar algunos puntos.
Primero, tenemos que dejar claro que la renuncia del señor Camps a presidir la
Generalitat Valenciana significa el reconocimiento político de su
responsabilidad en unos hechos denigrantes repetidamente negados, hechos que
han atentado muy gravemente contra la honorabilidad del máximo representante
institucional de los valencianos. Por tanto, sólo cabe la acusación política de
la tardanza en la toma de esta decisión, resuelta únicamente en clave personal
y partidaria, y de la connivencia – activa o pasiva – de Rajoy por permitirlo.
Segundo, que cabe valorar positivamente la designación del hasta ahora alcalde
de Castellón para desempeñar la Presidencia de la Generalitat, a la vez que hay
que desearle un exitoso trayecto en su cometido. Es un hecho que, al margen de
otras consideraciones, enerva el orgullo de los castellonenses, tan ajado por
tantos fiascos: aeropuerto sin aviones, oposiciones masivas con cierto tufillo
malsano, las peripecias de nuestro club albinegro...
No obstante, trae a colación otras reflexiones:
Una de ellas, que no deja de sorprender que un político que ha destacado por su
grisura e ineficacia en la gestión municipal, con proyectos olvidados, promesas
incumplidas, caos urbanístico y finanzas desastrosas, sea el designado para
superar la grave situación que atraviesa nuestra administración autonómica.
Otra, y ligada a la anterior, que resulta paradójico que tengamos los
castellonenses que reivindicar a partir de ahora los proyectos no ejecutados
por la Generalitat a quien hasta hoy mismo ha permanecido sospechosamente dócil
y entregado a las altas instancias valencianas. Y otra más, que no debe
olvidarse que, más allá del cambio de nombres, la causa de la renuncia no es
más que un aspecto menos grave del que late en el fondo como sustrato de malas
prácticas políticas, éticas y penalmente castigables, uno de cuyos focos está
centrado en personas y empresas de nuestro entorno castellonense. El tiempo
dirá el alcance de las tramas de corrupción que se están investigando, pero es
el caso que políticos relevantes de Castellón están en tela de juicio y
empresas que son las grandes beneficiarias de la gestión municipal – de la que
Alberto Fabra ha sido el máximo responsable – ocupan puestos destacados de la
trama investigada.
En cuanto a la nueva organización municipal con Alfonso Bataller como alcalde,
hay que exigirle una nueva forma de entender la política municipal, más
participativa y consensuada, con una gestión rigurosa y transparente, para
resolver los graves problemas que padece nuestra ciudad, con la superación de
los efectos de la crisis como objetivo de urgencia.
Nuevas caras, nuevos nombres. Esperamos, también, nuevas políticas.