Que el Partido Popular sea tan radicalmente
beligerante contra la asignatura Eucación para la Ciudadanía por planteamientos
ideológicos es sólo una verdad a medias; más bien puede pensarse que su
estrategia responde prioritariamente a elementales razones electorales.
Aunque ahonda sus raíces ideológicas en principios que sostiene la democracia
cristiana, y aunque en sus filas haya dirigentes de origen y praxis del
nacional-catolicismo, presume su ideario político de estar sustentado en una
ética laica, que entronca con las viejas ideas ilustradas (ése era su canto al
centrismo). Ideas, principios y valores en los que se fundamentan los objetivos
y contenidos curriculares de esta asignatura. Nadie en el PP se ha postulado
contrario a los preceptos constitucionales y a los derechos humanos.
Por el contrario, la Iglesia Católica, que siempre ha pretendido universalizar
su particular moral religiosa, creyéndose que todo el monte es orégano, que
necesita del Estado para que le suministre y disponga los bancos de peces en
los que cargar sus redes de adeptos, su enfrentamiento contra la asignatura sí
es, precisamente, de tipo ideológico. No puede admitir que el sistema educativo
incluya una asignatura que choca frontalmente con su ideario ético, el cual es
sistemáticamente inculcado en sus centros apoyándose en el cínico argumento de
la libertad de enseñanza. Su objetivo, en esta confrontación, es que su estatus
de privilegio no quede mermado, más ahora que ve cómo en nuestra sociedad
proliferan multitud de grupos religiosos protestantes, ortodoxos y musulmanes.
Pero el PP, en esta frenética actividad de pesca, sabe que su vivero de votos
se concentra alrededor de los centros educativos religiosos. Y por ello no duda
en alinearse con la Iglesia Católica para, en comunidad de intereses, sacar
provecho partidista.
Aquí radica la maldad del planteamiento, al utilizar la educación de nuestros
jóvenes como arma electoral. Y con retorcimiento, pues para ello se atreve a
sostener que esta asignatura la ha implantado el gobierno para formar futuros
socialistas (¡Qué fácil le sería a un partido político ganar elecciones!).
En nuestra Comunidad esta maldad se reviste de algo peor, que raya en el
cretinismo político, cuando se intenta maquillar con la cuestión del inglés y
del trilingüismo. No sé si fue mister Frank Countries, our President (así se le
va conociendo en los círculos docentes) o mister Fountain of Blackberry, como
jocosamente y sin ninguna vergüenza se autodenomina el susodicho, el ocurrente
de semejante desatino, pero los dos, desde ese primer alumbramiento del
esperpento, están rivalizando día a día para ver quién llega más alto en su
particular ranking de necedades, con sus manifestaciones, sus amenazas y sus
resoluciones.
Al final, no sabremos si todo esto es producto de la perversidad o del
cretinismo; pero yo, puestos a elegir, prefiero ser gobernado por un malvado
inteligente que por un buenazo simplón. Claro que la combinación de los dos es
peligrosísima.
Una de las imágenes que ilustran mi memoria infantil
muestra ambos lados de las principales calles de mi pueblo llenas de goterones
de cera, los cuales, tras las grandes procesiones, persistían algunas semanas,
hasta que poco a poco iban desapareciendo. Nadie se atrevía a limpiarlos; sólo
el tránsito de la gente iba llevándose el recuerdo del fervor religioso.
Ahora, bastantes años después, esa imagen es continuamente remedada cuando
transito las calles de nuestra ciudad, sobre todo las más céntricas. Dado lo
poco estimulante que es alzar la vista hacia las alturas de las viviendas, que
muestran la clásica anarquía arquitectónica de Castellón, la vista al pavimento
nos descubre un aspecto poco usual de la ciudad: las innumerables manchas y costras
de chicles pisadas una y mil veces por ciudadanos anónimos, manchas que, como
dice mi madre “no se van ni con rasqueta”.
Podríamos pensar que ese antihigiénico acto de tirar el chicle mascado al suelo
es solamente propio de los jóvenes, que es en los alrededores de los institutos
donde se concentran las pruebas indelebles de esta muestra de incivilidad. Pero
no: podemos encontrarlos a lo largo y ancho de las aceras y plazas e, incluso,
podemos aportar algunos datos de muestras contabilizadas que podrían aventurar
algún estudio sociológico de más envergadura. Podríamos, si cabe, realizar
estudios comparativos con otras ciudades “limpias”. Y todo ello un año después
de que el Ayuntamiento se gastara 62000 euros en una campaña especial de
limpieza que llegó a recoger, dicen, 11 kilos de chicles pegados. De nada
sirven las más de 1000 papeleras del Plan de Renovación si la gente no las
utiliza. También es posible que tal limpieza no fuera lo útil que pregona la
publicidad institucional, pues es en los alrededores del Ayuntamiento donde más
persisten. Las cifras cantan:
Calle Enmedio (junto a la Puerta del Sol): 13 manchones / m²
Calle Mayor (junto a la Plaza Santa Clara): 24 / m²
Pasaje de Colón a la Plaza Mayor (junto al Ayuntamiento): 26 / m²
Calle José García: 34 / m²
Plaza Pescaderia: 42 / m²
Calle Poeta Guimerá (esquina calle Alloza): 18 / m²
Avenida del Rey (frente a Correos): 17 / m²
Esta sucia situación sólo se remedia si evitamos la acción trasgresora, y para
eso, parece ser, se ha implantado la nueva Ordenanza de Convivencia Ciudadana.
Sin embargo, los redactores del prolijo listado de acciones indeseables no han
incluido una referencia expresa de este insano hábito. Sólo una amplia
interpretación del artículo 10, que prohibe el ejercico público de las
necesidades fisiológicas, entre ellas la de escupir, puede dar cabida al acto
de tirar un chicle, pues habitualmente está embadurnado en saliva. Y si es así,
la catalogación del acto punible puede ser falta grave (artículo 33), si se
realiza en espacios de mayor concurrencia de personas o menores, lo que estaría
penado con una sanción de 751 euros. Claro que siempre puede echarse mano del
36 (reparación de daños), que permite exigir al infractor/a la reposición de la
situación alterada, esto es, darle una rasqueta y mandarle a limpiar aceras.
¿Es esto una broma? ¿O acaso se puede pensar que van a imponer multas si ven a
alguien tirar un chicle al suelo?
Únicamente dos acciones pueden ser realmente eficaces: limpiar de una vez por
todas las zonas más transitadas de la ciudad y realizar contínuas campañas
educativas y de concienciación cívica sobre el tema.
El Ayuntamiento de Castellón ha aprobado recientemente
una nueva ordenanza de convivencia ciudadana, cuyo propósito es “preservar el
espacio público como lugar de convivencia y civismo donde todas las personas puedan
desarrollarse en libertad con respeto a la dignidad y a los derechos de todos y
todas” (textual de la introducción). Loable intención, la cual se puede y debe
suscribir desde cualquier posicionamiento ideológico.
No ocurre lo mismo cuando se describe el modelo que se pretende imponer para su
consecución, casi exclusivamente punitivo, sin apenas espacio para la
pedagogía, para la educación cívica. Las llamadas 'políticas de fomento de la
convivencia' se reducen a un lamentable manojo de frases vacuas. Contrasta con
la prolija descripción de las conductas sancionables, las prohibiciones,
agrupadas en 21 artículos, así como el régimen sancionador, y esto sí que es
propio de una posición política de derechas: el palo y tente tieso como única
vía de ordenar la vida ciudadana.
Cierto es que los ciudadanos deben conocer cuáles son los límites de sus
derechos y dónde comienzan los del vecino, como cierto es que a la ciudadanía
de Castellón le queda un largo camino que recorrer para mejorar sus hábitos
convivenciales. Pero también es cierto que los hábitos – no digamos las
actitudes – no sólo se adquieren con multas (menos aún cuando su aplicación se
antoja arbitraria, y de esto también los ciudadanos de Castellón sabemos
mucho), sino que es necesario una prolongada acción educativa, de los padres a
los hijos, de los representantes políticos a sus representados, para
transmitirles modelos de comportamiento ejemplar.
Puestos a aplicar una nueva ordenanza de convivencia, ahí va la que deberían
aplicarse todos nuestros representantes políticos, antes de atreverse a imponer
su rasero a los demás: está recogida en un decálogo que quiso ver la luz
durante las pasadas elecciones y quedó en la penumbra.
Primero. Queremos políticos de reconocida vocación y dedicación a lo público.
Queremos políticos que hagan políticas reales sobre las necesidades de la
sociedad y no ciencia ficción y fuegos de artificio en que se quema el
presupuesto.
Segundo. Exigimos que nuestros gobernantes sean honestos y lo parezcan; que de
su gobernación no salgan enriquecidos, ni ellos ni sus familias ni sus amigos.
El decoro y el recato ha de regir sus vidas. Las muestras de lujo y de boato
nos molestan por ridículas y por sospechosas. Por ello:
1)Harán pública su Declaración de Bienes ellos y los miembros de su familia
nuclear al principio y al fin de su actividad pública.
2)Cuando termine su mandato cesarán en todos los puestos de responsabilidad a
los que hayan accedido por razón de su cargo.
3)Durante dos años no podrán regresar o iniciar actividad relacionada con las
competencias ejercidas durante su mandato.
4)En el caso de ser inculpados por un Juez cesarán inmediatamente en su cargo
para desde su esfera privada defender su presunta inocencia.
5)Exigimos a los Partidos Políticos que se abstengan de incluir en sus listas
electorales a personas inculpadas por la Justicia. Es un respeto que se nos
debe a los ciudadanos.
Tercero. Es imprescindible que los administradores públicos respeten
escrupulosamente el principio de legalidad, fuera del cual sólo crecen las
malas hierbas de la recomendación, el amiguismo, el nepotismo, el clientelismo
político y, en definitiva, el delito, esquilmadores del campo de la democracia.
Cuarto. Queremos hombres y mujeres veraces. La mentira sistemática como arma en
la contienda partidaria ha arruinado la política. La mentira en interés del
partido, la incoherencia, la fullería, las patrañas, las tergiversaciones, las
calumnias, las injurias… la mentira repetida hasta hacerse “verdad” han
convertido la política en algo innoble y despreciable.
Quinto. Nuestros representantes han de ser transparentes. La visibilidad ha de
presidir lo que planean, lo que deciden y lo que consiguen.
Sexto. La participación en la res pública nos hace ciudadanas y ciudadanos. Los
órganos de participación en nuestra ciudad yacen maniatados por ligazones
espurias que atan a muchos de sus representantes. La nueva política se ha de
imponer como primera tarea el deshacer los vínculos venales urdidos por el
caciquismo.
Séptimo. Una ciudad sólo es habitable si se rige por la justicia, la libertad,
la igualdad, la honestidad y la solidaridad. Éstos son los valores morales de
los políticos que queremos.
Octavo. Deseamos una ciudad justa. Y una ciudad justa sólo puede ser liderada
por mujeres y hombres justos, que son aquellos que están dispuestos a dar a
cada uno lo que le corresponde, a tratar desigualmente a quienes son
desiguales. Sin el principio de diferenciación no hay verdadera justicia: los
jóvenes, las mujeres, la gente mayor, los inmigrantes… requieren especial
atención.
Noveno. Pretendemos para el gobierno de nuestra ciudad hombres y mujeres con
una conciencia moral madura, que no sólo sean justos, sino también compasivos y
responsables de sus acciones.
Décimo. A los que ostentan la representación de sus convecinos les es exigible
modestia y comedimiento. No han de subirse a engañosos pedestales de lujo ni a
tarimas de vanidad. Vivan mejor a ras de suelo para no perder una idea
aproximada de su estatura.
Mírense Alcalde y concejales del PP de Castellón y mírese especialmente el
Presidente de la Diputación, señor Carlos Fabra, en el espejo de este decálogo
y, si aguantan la imagen que les devuelve, adelante con la ordenanza de marras.
Si fueran catalanes, estaríamos refiriéndonos a
Cataluña, con aquel famoso eslogan, aunque ahora son más de siete. Pero como
son 6 millones de euros, tengo que pasarlo a nuestras pesetas de siempre para
hacerme una idea de lo que estamos hablando: nada menos que de mil millones de
pesetas, que aún podrían ser más si no hubiera tenido la fortuna de tocarle
milagrosamente la lotería.
Mil millones de pesetas cuyo origen buscan con afán los agentes de la Agencia
Tributaria. Mil millones repartidos por una red de cuentas bancarias y que
acumuló la familia del señor Presidente de la Diputación en cinco años sin
justificar al fisco, y que hay que sumar a los otros que declaró y por los que
le devolvieron cerca de dos y medio. Hay que suponer que el señor Fabra sí
conoce su origen, al igual que aquéllos que contribuyeron a ese
enriquecimiento. Y que tendrá irremediablemente que demostrar si quiere seguir
siendo inocente.
Mil millones (de pesetas) son 25 o 30 pisos de primera en Castellón, aunque sólo
unos pocos si se encuentran en la Castellana de Madrid. Son, aproximadamente,
lo que puede ingresar como Presidente de la Diputación de Castellón durante 64
años seguidos, o lo que puede llegar a costarnos los 32 asesores y demás cargos
que tiene en la Diputación durante esta legislatura. Sin embargo, mil millones
(de pesetas) es el sueldo anual de unos 400 mileuristas.
Si nos referimos a dinero para inversiones, es el presupuesto de construcción
de dos Institutos de Educación Secundaria, aunque al final, dada la inmejorable
gestión de la empresa pública CIEGSA, los costos se disparan y sólo da para
uno; o lo que cuesta la construcción de tres Centros de Salud. Y es,
lamentablemente, la cantidad que el Ayuntamiento de Castellón va a dejar de
recaudar según sus previsiones, pues la crisis afecta a la economía del
ladrillo tan extendida por nuestra ciudad y repercute en las arcas municipales.
